Ayotzinapa y la debilidad del Estado mexicano

El problema no es Enrique Peña, no es Osorio Chong ni las declaraciones de Videgaray. No es Zambrano ni López Obrador, incluso, no lo es el alcalde prófugo y ni siquiera Guerreros Unidos o el narco, el problema es la debilidad del Estado Mexicano, debilidad para proporcionar información clara y la fragilidad para aplicar la ley y mantener el Estado de derecho. El Estado mexicano a sus doscientos catorce años de edad sigue siendo incapaz de diseñar, promover e implementar políticas públicas que alcancen objetivos que nos lleven al desarrollo. En una palabra: fracasamos.
Tres ejemplos de incapacidad estatal: terminar con la violencia de narcos en el país, lograr un crecimiento económico constante del 5% y regular a los taxis. Este último ejemplo sería nimio, pero señala una muestra inefable de la debilidad del Estado. ¿Qué podemos esperar de un país y su ciudad capital donde hay taxis con o sin placas y con o sin taxímetro? ¿Le vamos a pedir a ese mismo Estado que encuentre a un narco que figura en la lista de Forbes? ¿Creemos que podrá encontrar y juzgar a un grupo criminal que mató a 43 estudiantes? Podemos, claro que podemos, pero este Estado tardó 12 años en aprender al delincuente más buscado. ¿Le vamos a pedir a ese Estado que asegure que los alcaldes electos no sean criminales? También podemos, pero no hay expectativas reales e inmediatas de que lo logre.
Lamento profundamente y de todo corazón la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y su muy posible homicido, cada día que pasa la probabilidad de que vuelvan vivos disminuye. A la vez me decepciono de que en 2010 la sociedad mexicana no se haya levantado con las mismas ganas y coraje cuando fueron masacrados 72 inmigrantes latinoamericanos en San Fernando, Tamaulipas.
Hoy 2014, cuatro años después de aquella masacre, el país sigue en la impunidad absoluta y la definición de Max Weber de que el Estado es el monopolio de la violencia no podría ser más exacta y a la vez más debatida. Parece que en Iguala fue el Estado, bajo la dirección del propio Presidente Municipal, José Luis Abarca Velázquez, quien orquestó la contención y posterior entrega de los estudiantes normalistas a Guerreros Unidos con el objetivo de que no molestaran a su esposa durante el informe del DIF municipal. Antes de entregarlos los hampones la policía municipal había matado ya a por lo menos un estudiante. Sin embargo, no existe claridad en las relación entre Guerreros Unidos y el Presidente Municipal. Por un lado el Procurador de la República, Murillo Karam, anunció el 27 de octubre que el alcalde pagaba entre dos o tres millones de pesos de manera regular a Guerreros Unidos, pero no especificó si Guerreros Unidos extorsionaba al alcalde para controlar a la policía municipal o si estos eran empleados personales del alcalde, sus matones.

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En todo caso, más allá de estas dos terroríficas hipótesis, la falta de información en la PGR sobre para qué fin y por qué medio se pagaba ese dinero a los hampones me deja temblando y me quita el sueño. Sobre todo porque fuentes fidedignas me han confiado que en el Estado de México los presidentes municipales de la Zona Oriente pagan a mensualidades de $50,000 a $100,000 al crimen organizado para mantener la paz en sus pueblos y ciudades. Si llegase a ocurrir un crimen de estas proporciones en esta zona, ¿diría la PGR que los criminales estaban bajo el control de los alcaldes? No lo sé y lo peor, es que el gobierno estatal y federal no termina con estas macroextorsiones.
Al ver imágenes en YouTube de cómo el Estado Islámico acribilla gente en las calles y carreteras de Iraq, me duele que el Estado mexicano no pueda hallar 43 personas que fueron sometidas, trasladadas, posiblemente asesinadas y después escondidas. Esto nos pone en la misma situación que al Estado Islámico donde la población se halla frente a un terrorismo de Estado sin la menor protección y solo con el escudo de la esperanza de no ser la siguiente víctima.
Entre todo este caos el PAN propuso en el Senado disolver los poderes en Guerrero y el PRI se resistió argumentando a través del Sen. Omar Fayad que los poderes Legislativo y el Judicial funcionan normalmente. Lo cual me cayó cómo balde de agua fría, pues ahora resulta que el Congreso guerrerense promueve leyes modernas y eficientes y que la impartición de justicia en Guerrero es expedita y transparente. No tengo datos, pero quisiera ver quién se atreve a demostrarlo con cifras y evidencia empírica.
Repito: El problema es la debilidad estructural del estado mexicano que a cada rato nos hace despertar en el Tercer o Cuarto Mundo. En 72 años de gobierno el PRI y en 12 del PAN ambos partidos fracasaron en fortalecer al Estado mexicano y hacerlo eficaz y justo. No solo el gobierno es responsable, todos somos culpables, sociedad y clase política, por lo que quizá es momento de buscar nuevas opciones y arriesgarnos a nuevas vías para llegar a ser un país justo y desarrollado. En doscientos catorce años no pudimos alcanzar el desarrollo, ¿por qué no le pedimos a la ONU que administre Guerrero por cien años? ¿Una locura? No lo sé, pero algo me dice que de llevarse a cabo mi propuesta Acapulco sería un Hong Kong en 2114. Usted, ¿qué cree?

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